Caso Arrieta
Daniel Gatti
23 febrero, 2018
Gabriel Arrieta, el aspirante a colono que se hizo “famoso” el lunes al tratar de “mentiroso” al presidente Tabaré Vázquez, calza en el perfil de esas personas a las que en otros tiempos el Frente Amplio consideraba como parte de su base social más típica y natural: un hombre que nada tiene, que pretende trabajar la tierra, ocupa un predio antes perteneciente a un banco quebrado y que exige que se le reconozca su derecho a explotarlo. Nada raro bajo el sol de esa patria que apaña a deudores contumaces de millones y exime del pago de otros millones a empresas que mucho tienen y poco dan.
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Si precaria fue la interpelación de Arrieta al presidente, que le valió por lo demás que su abogado Óscar López Goldaracena dejara de patrocinarlo,1 mucho más precaria es la situación en que él y su familia viven desde hace mucho tiempo.
El 12 de mayo de 2008 Arrieta, que hoy tiene 50 años, se instaló en un padrón de la localidad de Kiyú, en el departamento de San José, a la altura del quilómetro 61 de la ruta 1. El predio era manejado entonces por el Fondo de Recuperación de Activos del quebrado Banco de Crédito, antes de pasar a manos del Instituto Nacional de Colonización (Inc). Desde esa fecha, hace ya casi una década, no se ha movido del lugar: primero levantó una carpa, unos meses después un ranchito que se llovía y se llenaba de ratones y finalmente se mudó a un desvencijado ómnibus junto a su pareja. El joven hijo de ambos vive en las inmediaciones. El predio tiene una extensión cercana a las 35 hectáreas. Arrieta crió vacas Holando y ovejas, plantó papas, zapallitos, boniatos. También forraje para los tamberos de la zona, que ahora no pueden pagarle. “Nunca me dio para demasiado, apenas para subsistir, sobre todo porque la inseguridad en que vivo ha hecho que no pueda construir una vivienda, un encierro para los animales ni mejorar el predio”, dijo a Brecha.
Cuando se instaló en esas tierras y reclamó que se le reconociera la condición de colono, algunas de las autoridades del Inc de la época le dijeron que si se mantenía radicado en él, se lo regularizaría. Luego le plantearon que se atuviera a las condiciones del instituto: entre otras cosas, que formara parte de una cooperativa. Le recomendaron que se contactara con un grupo de cinco productores de Libertad que estaban en principio en su misma condición, y lo hizo. Fue así que nació la Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada 12 de Mayo, por la fecha en que Arrieta se había instalado en el campo. La cooperativa nunca llegó a tener personería jurídica y acabó disolviéndose por disputas internas. “Los otros cinco integrantes jamás vivieron en el terreno, se dedicaban a plantar soja y trigo en otros campos. El que siempre ocupó aquí fui yo”, dice Arrieta. En 2015 el Inc lo intimó a desalojar. Le ofreció a cambio un terreno en Canelones, que él rechazó “porque la calidad de la tierra era muy inferior y había que invertir una fortuna para ponerlo en condiciones mínimas de explotación”. La intimación fue cursada a la cooperativa, no a Arrieta. “Al tratarse de una asociación que nunca había llegado a formalizarse, entendimos que era nula”, dijo a Brecha meses atrás López Goldaracena, que en 2017 presentó varias excepciones, entre ellas una de inconstitucionalidad en el juicio ejecutivo de “entrega de la cosa” que el Inc le inició a la cooperativa. “En este caso juega el principio de radicación. Arrieta lleva casi diez años explotando ese campo, el propio Inc lo ha reconocido de hecho como colono al ofrecerle terrenos y al haberse él presentado a diversos llamados. No puede pagar lo que se le exige porque no tiene certeza jurídica alguna, pero el Estado tiene la obligación de ofrecerle una solución”, señaló el abogado. En mayo de 2017 la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que recomendó a Colonización que en vez de proceder por vías legales a desalojar a Arrieta le ofrezca soluciones con “celeridad” para “cumplir con las obligaciones del Estado uruguayo en relación con los derechos sociales, económicos o culturales” de los ciudadanos. “Hay que ver si no se han configurado violaciones a sus derechos humanos y sociales”, observó entonces López Goldaracena.
A fines de agosto pasado Arrieta se presentó en la sede montevideana de Colonización y solicitó acceder a un terreno ubicado en la zona de influencia del que hoy ocupa, que está en proceso de compra por parte del Inc. “Ana Gómez, la presidenta del instituto, me había dicho que no le ‘iba a temblar la mano’ para otorgarme una fracción, porque sabía de mi voluntad de trabajar la tierra. Se lo conté al gerente José Arrillaga. Le dije también que si realmente quieren formalizar la situación tenían una nueva oportunidad de hacerlo. Que les había demostrado nuevamente mi voluntad de negociar y de trabajar. Sigo esperando”, contó Arrieta cuando Brecha lo entrevistó, semanas atrás. Hoy, sigue esperando.
“Motivó mi decisión la conducta pública de Gabriel Arrieta frente al presidente de la República el pasado 19 de febrero, incompatible con las pautas de ética social y de comportamiento ciudadano que debe seguir toda persona en un Estado de derecho aunque se entienda asistido de razón”, manifestó el defensor en la carta de renuncia que elevó a la Suprema Corte de Justicia esta semana. Quien está ahora a cargo de la causa es el abogado Gustavo Salle.
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