(Por Daniel Hardy Coll).- El pasado jueves 18 tuvo lugar en la ciudad
de Mercedes la primera audiencia penal de reconciliación entre la
maestra rural que fuera afectada por la fumigación de un campo de soja
lindero a la escuela donde trabajaba, y los responsables del campo. Las
fumigaciones tuvieron lugar en reiteradas ocasiones entre 2010 y 2013,
alrededor de la escuela rural 26 de Soriano, en El Tala, próxima a la
localidad de Palmar, donde la maestra Nancy Martínez era directora. La
denuncia está dirigida al dueño del campo, al responsable de la empresa
aplicadora, (de la ciudad de Dolores), y al operador de la máquina
fumigadora (mosquito).
La jueza letrada, Dra. Francisca Isabel Suárez Sacco intentó una
conciliación económica entre las partes, a lo que los demandados se
rehusaron argumentando “excepción previa de prescripción”. Los abogados
de los demandados son el Dr. Gonzalo Imas y los Dres. Jorge y Luis
Abramo.
A la maestra Nancy la representa el Dr. Luis Daniel Sotto Odella, abogado del movimiento ambientalista “Cazadores de mosquitos”.
La Dra. Suárez Sacco afirmó en los 15 minutos que duró la audiencia que
recién había tomando contacto con el expediente y que necesitaba
estudiarlo para saber qué pasará de ahora en más, fijando una nueva
audiencia para el mes de mayo próximo.
Todos estuvieron presentes, nadie faltó, y eso alcanza a la familia de
la maestra, al esposo y sus dos hijas, por el daño proyectado.
La historia de la maestra Nancy (50) fue publicada en nuestras páginas
en mayo de 2017, cuando recomenzó su lucha judicial. Como consecuencia
de la intoxicación por agroquímicos, ella nunca más pudo regresar a
trabajar y su trajinar por médicos, juntas médicas, empezó y sigue… tal
cual un calvario.
La denuncia original con testigos, que incluye al mismo policía de la
zona, nunca había llegado a ningún lugar en todos estos años. Cuando la
maestra vio que pasaba el tiempo y no ocurría nada y su salud se
deterioraba empezó a indagar, hasta que unió la cadena rota y apareció 4
años después su denuncia guardada todo este tiempo en el escritorio de
una oficina del Estado.
Entrevista con Francisca “Pancha” Rodríguez, referente del
movimiento de mujeres rurales e indígenas de Chile, en el Día
Internacional de la Lucha Campesina
“Nuestro homenaje será para los que
cayeron ayer y para quienes resisten hoy”, dijo a RMR la integrante de
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía
Campesina. Recuperar la identidad de clase y campesina, resistir los
TLC, dar lugar a las nuevas generaciones en los movimientos, son parte
de sus reivindicaciones actuales.
En plena preparación de la “mística” para
realizar este 17 de abril, durante la asamblea de mujeres campesinas
productoras agrícolas chilenas, Francisca dijo que será “un día de
reflexión política y de insurgencia” en un contexto en que las
organizaciones campesinas e indígenas necesitan “recuperar la conciencia
de su identidad de clase” contra la competencia y la falta de
solidaridad que fomenta el emprendedurismo en el sistema capitalista.
La histórica referente e integrante de la Asociación Nacional de
Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI) y de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina, se
refirió a la situación en Brasil y el ejemplo de lucha que dan el
Movimiento Sin Tierra (MST) y la CLOC-VC de ese país.
En diálogo con Radio Mundo Real, dijo que hay que estar alerta por la
ofensiva que hay hoy contra los movimientos sociales en Brasil y señalo
que, si bien “Lula es el personaje, la conciencia y la razón del pueblo
es defender la identidad de clase que acompaña resistencias como lo
hace el MST que, desde su constitución, nos ha mostrado un camino: el de
poner contenido a las luchas, como también lo ha hecho la CLOC- Via
Campesina en Brasil. No es la recuperación de las tierras por la
recuperación en sí misma: esta lucha está inserta en una más grande que
es defender uno de los derechos vitales que es la alimentación”.
Además, exhortó a no olvidar las peleas que están dando los
movimientos sociales, campesinos e indígenas también en el proceso de
paz en Colombia y la ofensiva vigente contra el gobierno de Nicolás
Maduro en Venezuela. Rodríguez se manifestó contra los tratados de libre
comercio (TLC) en Chile, como el que ese país espera trazar con Uruguay
-del que advirtió la necesidad de resistir, especialmente, a la
incorporación “siniestra” de un capítulo dedicado a Mujeres y Comercio-. Pancha también se refirió a la situación en su país, luego de
que Sebastián Piñera volviera este año a presidir Chile tras ser electo
en 2017: “Este gobierno de derecha apunta a terminar con la agricultura
campesina. Los programas productivos que tiene para agricultura
familiar campesina e indígena implican la entrega de paquetes
tecnológicos que matan la agricultura, van terminando con nuestras
semillas y, lo peor de todo, acaban con nuestra conciencia, lo que tiene
graves costos para nuestra soberanía alimentaria”.
En Chile hay alrededor de 260.000 productores campesinos
contabilizados por el gobierno, que Pancha calificó como “clientes de
programas del gobierno (antes fueron “beneficiarios, luego “usuarios”),
que obtienen créditos y subsidios en función de sistemas productivos y
cultivos que se quieren introducir y afianzar de acuerdo a la demanda de
un mercado que no es el mercado popular”.
Por eso consideró que el Día Internacional de la Lucha Campesina es
“una reafirmación de cómo nosotros resistimos y luchamos contra lo que
son las políticas agrícolas, la invasión a nuestros territorios, lo que
pasa con recursos naturales como la tierra y el agua, así como de
nuestra soberanía ante una pérdida de identidad tan grande que sufren
nuestras comunidades”.
“No nos podemos quedar solo en homenajes a los compañeros que dieron
la vida. Nuestra propuesta es una producción sana, dejando el uso de
agrotóxicos, estimular una agroecología no institucionalizada, que no
produzca solo para un segmento de la población, para una élite que tiene
el placer de degustar lo que nosotros producimos. Los ricos están
comiendo la comida que los pobres comían ayer, entonces: ¿qué están
comiendo los pobres? Mucha de la producción que estña produciendo hoy la
gente nuestra se va al mercado, no se queda ni llega a nuestros
hogares, y terminamos comiendo lo que las grandes empresas quieren, que
es comida que nos enferma”, reclamó Rodríguez.
Desde ANAMURI y la CLOC-VC la propuesta es feminista, campesina y
popular: “Si nosotras no damos esta batalla, nuestros compañeros
terminan sucumbiendo ante políticas patriarcales y neoliberales.
Entonces nuestro trabajo se duplica. La diferencia es que hoy vamos
tomando conciencia de defender nuestra propia vida y nuestra propia
existencia como campesinas y campesinos”.
El debate sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana se instaló en Uruguay, donde aún no se hacen análisis clínicos ni estudios epidemiológicos. La academia acusa a las autoridades, las autoridades se reclaman entre sí, y las denuncias de los vecinos se disparan.
Seguramente
no suceda con la manzana, la papa, la cebolla o el durazno. Pero tal
vez sí ocurra con el perejil, el tomate, la chaucha, el repollo, la
rúcula o la albahaca: en Uruguay, para muchos de los cultivos "menores"
no hay plaguicidas específicos registrados porque las empresas que los
comercializan no han tenido interés en hacerlo. Como consecuencia, los
productores no tienen otra que aplicar plaguicidas avalados para otros
cultivos. Estiman dosis y tiempos de espera a su criterio. Si la plaga
cede, siguen adelante. Si no tienen resultados, prueban alternativas. La
huella de esta experimentación queda en las frutas y verduras que
comemos. Es invisible, sí, ¿pero qué daño nos genera?
La
voz de alarma la dio el ingeniero agrónomo Pedro Mondino, docente e
investigador en el Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de
Agronomía, durante un foro que se realizó el viernes 14 entre
académicos y autoridades. La actividad se llamó "Impactos y análisis
de plaguicidas en humanos en Uruguay" y tuvo lugar en el Palacio
Legislativo.
Allí
Mondino habló de un "uso ilegal" de productos no autorizados. Dijo que
el hecho de que haya residuos de agroquímicos en lo que comemos, o no,
"es una mera casualidad". Y para este informe, agregó: "Es un uso
temerario, a ciegas", pero no por "maldad", sino más bien porque los
productores no ven otra "salida".
Mondino
puso la bomba pero no escuchó el estallido, porque en el foro, que
desarrolló el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ junto a la
senadora blanca Carol Aviaga, no hubo representantes del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). De la Dirección General de
Servicios Agrícolas (DGSA), que se ocupa entre otras cosas del registro y
control de agroquímicos, mandaron una carta excusándose de la
ausencia por motivos de agenda y saludando la actividad.
Con
el paso de los días comenzaron los ecos. "Sí, es así", dijo el también
ingeniero agrónomo Pablo Pacheco, especialista en calidad de frutas y
hortalizas del Mercado Modelo. La "característica burocrática del
registro", que depende de iniciativas comerciales, se traduce en
los hechos en "falta de información" para los productores e
"incumplimiento de la normativa". Sin embargo, lo que le preocupa a
Pacheco es que los residuos de plaguicidas estén en el espectro de lo
aceptado por el Codex Alimentario. "Si la inocuidad no se altera, no me
importa. No es problema mío", planteó Pacheco.
Desde
Roma, donde participa de una actividad de la FAO, el ingeniero Federico
Montes, titular de la DGSA, rechazó que su ausencia se pueda entender
como un acto de "negligencia o desinterés". "Por el contrario,
reafirmamos nuestro compromiso con políticas de intensificación
sostenible que arrancan en los cuidados de la salud y el medio
ambiente", escribió.
Montes
también reconoció el problema que destapó Mondino: "Es cierto que los
productores de los llamados cultivos menores necesitan contar con
agroquímicos registrados para su uso. Según el decreto 149/977, dichos
registros solo los pueden hacer empresas o personas jurídicas. Quiere
decir que no es el MGAP el responsable de registrar productos para
determinados usos. Insisto. Son las empresas las que deben presentar la
solicitud".
El
jerarca mencionó que puede haber situaciones similares en otros rubros,
como el de un grupo de consumidores que quiere contar en el mercado con
un champú para controlar la caspa y no lo consigue porque no está
registrado. "En ese caso, ¿es obligación del Ministerio de Salud (MSP)
registrar el champú anticaspa, con tal o cual marca comercial, sin que
las empresas propietarias de la marca estén de acuerdo?", se preguntó.
Es
cierto: este mismo problema se da con algunos medicamentos que son clave
para ciertas enfermedades, pero los laboratorios no muestran interés en
el mercado uruguayo. Amparado en decretos regulatorios, el MSP ha
tomado la misma postura que el MGAP. Sin embargo, en más de una
oportunidad la Justicia ha obligado a las autoridades sanitarias a tomar
una actitud proactiva para conseguir los medicamentos a como dé lugar.
"No
es un tema fácil", concede Mondino, el disparador de la polémica. "Uno
no puede obligar a las empresas a vender algo que no les resulta
productivo". De todas formas, cree que "habría que pensar en algún
sistema de registro diferente o hacer habilitaciones parciales para
ciertos cultivos o frente a determinada plaga".
Controles y reclamos entre salud y ganadería
Los
plaguicidas y sus efectos (en su mayoría inciertos) para la población
dividen aguas incluso entre integrantes del gobierno. Carmen Ciganda,
directora de Salud Ambiental y Ocupacional de Salud Pública, reclamó
públicamente ser parte en el proceso de aprobación de los agroquímicos.
Pero desde el MGAP, el titular de la Dirección General de Servicios
Agrícolas (DGSA), Federico Montes, respondió que la solicitud nunca fue
formal y dijo a El País: "El MGAP basa su trabajo en el marco legal
vigente, que establece que el registro y la autorización de venta de los
productos fitosanitarios de uso agrícola se gestionarán ante la DGSA".
El registro de un agroquímico pasa por etapas de evaluación química,
toxicológica y agronómica. La división cuenta con 10 funcionarios para
controlar a productores, aplicadores y empresas vendedoras de
agroquímicos.
Ansiados datos.
Entonces,
aquella huella invisible que tan difícil resulta borrar, ¿nos está
dañando o no? Sobre esto, desde la academia también tiran dardos hacia
los organismos involucrados.
"En
cuanto a alimentos, Bromatología de la Intendencia de Montevideo toma
muestras en el Mercado Modelo pero sus resultados no son públicos ni
claros. Nosotros pedimos información y nos dieron un informe que era
una vergüenza. Una fotocopia en blanco y negro en la que no se
especificaba de qué verdura se hacía la muestra. Por uno o dos años,
además, no había registro de datos", aseguró para este informe Pablo
Galeano, docente de la Facultad de Química y miembro del Núcleo
Interdisciplinario Colectivo TÁ. "Mientras no haya monitoreos serios y
sistematizados, vamos a estar en la chiquita", agregó.
Galeano
sabe que "la industria dice que la presencia de residuos de plaguicidas
está dentro de lo permitido por el Codex". Pero estos parámetros,
establecidos por la FAO y la OMS y adoptados por el MSP, no son los
únicos, y las reglamentaciones de la Unión Europea, por ejemplo, manejan
otros valores.
Pablo
Pacheco, del Mercado Modelo, no suele hablar con los medios sobre este
asunto por los "prejuicios" que hay. Sin embargo, esta vez quiere
resaltar que el peligro que corren quienes se exponen directamente a
los plaguicidas es "mucho mayor" que el que enfrentan quienes consumen
un alimento con el residuo de un producto que fue diluido en agua y que
sufrió efectos ambientales varios —lluvia, Sol— que degradaron su
molécula.
"No
es que esté todo bien", aclara, y "por eso hay límites establecidos". En
ese sentido, procuró transmitir tranquilidad: "En los últimos 386
análisis, realizados en 2017, hubo una sola muestra no reglamentaria".
Otros años ha habido peores resultados. En esos casos, el protocolo
indica que hay que visitar la chacra e identificar la raíz del problema.
Y si hay una segunda muestra negativa, se comunica a la DGSA para que
aplique una sanción.
El
Mercado Modelo hace su análisis, las cadenas de supermercados también, y
a su vez Bromatología toma muestras en puntos de venta minoristas. Los
análisis son muy caros —en el mercado van de los 250 a los 600 dólares—,
pero en el laboratorio de Bromatología el Mercado Modelo los hace al
costo. Allí es donde tienen la mejor capacidad de respuesta a la
demanda. Sin embargo, ahora hace seis semanas que no se analizan
muestras porque los equipos están en mantenimiento.
Pacheco
contó que la toma de muestras se hace por iniciativa del Mercado Modelo
desde 2004 (con algunos períodos de interrupciones). En aquel momento
"no había mucha institucionalidad ni información sobre el tema, y se
quiso empezar a generarla". Antes había un "absoluto desconocimiento" y
reinaba la percepción de que era "una cancha libre, sin juez": qué
producto usar, en qué dosis, todo quedaba sujeto a la responsabilidad
individual. A su juicio, se ha evolucionado mucho en cuanto al control y
las buenas prácticas agrícolas, y la cantidad y el tipo de productos
que se usan en frutas y verduras conllevan una seguridad mucho
mayor que 20 o 30 años atrás.
El
proceso que describe Pacheco coincide con otro que viene haciendo la
DGSA. A nivel mundial existen unos 900 principios activos registrados,
dice Montes, pero Uruguay cuenta con 300. "Y como estamos ocupados en
promover sistemas de producción sostenibles con la salud y el ambiente,
en diciembre de 2016 eliminamos del registro al 75% de los principios
altamente tóxicos para el ser humano. Hoy quedan principalmente los que
se usan para tratamientos de desinfección requeridos por protocolos
internacionales", aseguró.
Mientras
tanto, las denuncias por presunto uso indebido de agroquímicos en la
DGSA vienen en aumento sostenido desde 2011, con excepción de 2016
cuando se registró una baja. En 2017, año récord en cantidad de
denuncias, hubo 166. Y en los primeros dos meses de 2018 se
recibieron 23. Montes aclaró que solo el 10% de las denuncias se
confirman.
Ansiados estudios.
Carol
Aviaga no tiene formación en temas ambientales, pero recibió la misión
explícita de Luis Lacalle Pou de "preocuparse y ocuparse" del asunto. Y
así lo ha hecho. En los tres años que lleva como senadora presentó tres
proyectos de ley: uno para prohibir el uso de herbicidas como
controladores de maleza, otro para regular las fumigaciones aéreas y
ampliar las zonas prohibidas, y un tercero sobre el etiquetado de
alimentos transgénicos, para conocer el "paquete tecnológico" (inclusive
el plaguicida) con el que se produjo. Los tres proyectos llevan meses
o años encajonados en la comisión de Medio Ambiente.
Jornada “Impactos y análisis de plaguicidas en humanos”. Foto: Parlamento
Ahora
Aviaga tiene en proceso una ley nacional de plaguicidas —también el
gobierno se propuso hacer una— y planea presentar también "un proyecto
de agroecología como visión país". "Voy a seguir en la lucha", anuncia,
determinada.
Su
derrotero no ha sido fácil, porque además de que el oficialismo la
ignora, los colectivos como el TÁ, heterogéneos pero con fuerte arraigo
en el oficialismo, le han sido resistentes. Ella asegura que siempre
intentó convalidar sus proyectos con ellos para que no se los
"bombearan".
Una
de sus batallas es contra el MSP para que incorpore análisis de
glifosato en fluidos. En 2016 se reunió con Jorge Basso para
planteárselo. Según ella, en Argentina y Brasil son baratos y de rutina.
Al tiempo volvió a insistir con Basso, que le terminó admitiendo que no
era prioritario en el presupuesto. Paso seguido, juntó 1.500 firmas y
le presentó el pedido al presidente Tabaré Vázquez. Nunca le contestó.
"Lo
que queremos es saber dónde estamos parados desde el punto de vista
epidemiológico; conocer el impacto del uso masivo de plaguicidas en la
salud humana, tanto de los que están expuestos directa como
indirectamente; y estimular alternativas productivas, de las que hay
experiencias acá y en otros países, y planificar etapas de transición",
resume.
Amalia
Laborde, directora del Centro de Información y Asesoramiento
Toxicológico (CIAT), expuso en el foro que el centro recibe unas 300
denuncias por año vinculadas a cuadros de intoxicación por agroquímicos.
En la mayoría de los casos (83%) se desarrollan cuadros leves, el 9%
presenta una gravedad moderada y el 6%, severa, de acuerdo a un
relevamiento que si bien toma datos entre 2002 y 2011, conserva vigencia
según ella. El 2% de los intoxicados por plaguicidas tuvo desenlace
fatal, pero en todos estos casos se comprobó intención suicida con el
producto.
La
especialista añadió que la mayoría de las intoxicaciones se producen por
accidentes o manipulación indebida en el ámbito laboral, por lo que sus
víctimas son los funcionarios que aplican los plaguicidas. Por
"contaminación ambiental", el CIAT ha recibido poco más 70 casos en 10
años y solo dos presentaban gravedad moderada o severa. Laborde cree
que puede haber subdiagnóstico porque la población no tiene muy claro a
dónde recurrir o los médicos omiten reportar los casos a CIAT.
Los
estudios en busca de efectos a largo plazo de la exposición a
plaguicidas en la salud humana son un debe en Uruguay, pero no en la
región. En el foro, el investigador argentino Damián Verzeñassi, de la
Universidad Nacional de Rosario, presentó los resultados de un estudio
de largo aliento en el que comprobó la relación directa entre la
exposición continuada a plaguicidas y enfermedades crónicas como
cáncer, hipertensión e hipotiroidismo. El dato más llamativo refiere a
lo oncológico: mientras en el total de la población argentina la
incidencia del cáncer es de 217 cada 100.000 habitantes, en una muestra
de 27 localidades estrechamente vinculadas a la producción de soja y
otros cultivos que implican uso extensivo de agroquímicos, la tasa trepa
a 397 cada 100.000 habitantes.
Tras
la jornada, los técnicos uruguayos y extranjeros acordaron seguir en
contacto. Dicen que es una alianza, no una guerra, aunque algo está
claro: el tema de los plaguicidas irrita, y mucho.
El dilema en cuatro casos
Lago Merín
Denuncias, temor e incertidumbre
Fernanda
iba en moto por Ruta 18 de Lago Merín a Río Branco (Cerro Largo). Una
avioneta fumigaba un cultivo de arroz lindero. Era el 12 de diciembre
pasado cuando el piloto hizo una mala maniobra; tenía el dispensador
abierto y roció a Fernanda con herbicida. A pesar del casco, la mujer
sintió tos y mareos. Paró y comenzó a vomitar. "Hasta ahora tengo
dolores de cabeza y ardor en el esófago", asegura. El 15 de febrero hubo
otra fumigación cerca del balneario. Beatriz Martínez repartía la
correspondencia y vio la avioneta o más bien la sintió: "Había un olor a
zorrillo espantoso", recuerda. Algunos vecinos hicieron la denuncia y
el MGAP determinó que la fumigación se hizo respetando las normas.
Disconformes, los lugareños recurrieron a la bióloga Graciela Piñeiro,
quien tomó muestras y testimonios y presentó denuncia a la Dinama.
Fernanda estuvo 10 horas en observación. Su caso fue denunciado al CIAT
pero no hubo seguimiento. "No me hicieron más estudios". La mujer, de 50
años, tiene temor. "Dicen que lo que me pasó es grave, que me puede
venir un cáncer".
Guichón
Un pueblo pionero contra "los mosquitos"
El
grupo "Vecinos de Guichón por los bienes naturales" denuncia desde 2011
el uso inapropiado de plaguicidas. La ciudad sanducera está rodeada de
cultivos de soja y forestación. "Se hacían fumigaciones aéreas sin
respeto por las distancias", asegura Marcelo Fagúndez, uno de sus
referentes y exedil de Paysandú. El colectivo recopila casos no solo de
la localidad, sino de otras zonas. En los últimos cuatro años presentó
14 denuncias. La última refiere a la escuela 34 de Zanja Honda (San
José), que tiene un cultivo de soja transgénica (por lo tanto fumigada) a
20 metros, cuando debería estar a 500. "Tuvimos respuestas de algunos
organismos, pero con otros es imposible", dice Fagúndez, y carga contra
la Dirección General de Servicios Agrícolas, organismo del MGAP
encargado de fiscalizar el uso de plaguicidas. "Nos hacen ir a
Montevideo (400 kilómetros ida y vuelta) a firmar las denuncias. Hemos
intentado hablar con el director (Federico Montes) y es más fácil
comunicarse con el Papa. Nunca tuvimos suerte. Otros funcionarios nos
han destratado", dice.
Paso Picón
El hombre que se frotó glifosato (y vive)
Máximo
Castilla, médico y productor, estuvo en el centro de la polémica tras
haber sido denunciado por vecinos en Paso Picón (Canelones) por uso
indebido de plaguicidas en sus cultivos de soja. A tres años de las
primeras multas, hoy Castilla ha modificado su producción. En 140 de sus
510 hectáreas no puede fumigar para respetar las distancias
reglamentarias con el centro poblado. "Perdí el 30% de mi capacidad
productiva. En esa zona sembré sorgo, pero sin plaguicida es imposible",
dice e insiste en que fue víctima de una campaña. El caso sigue en la
Justicia, donde Castilla reclama que le levanten multas millonarias del
MSP y la intendencia. En 2016, una foto de Fernando Ponzetto (El País)
le puso rostro al problema: Castilla se frotó glifosato (el herbicida
más usado) en manos y cara. "Hice una demostración. La gente de la
ciudad ve el glifosato como si fuera bomba atómica. Nosotros convivimos
con él. Es de venta libre, se compra como la lavandina. No digo que sea
saludable, ni siquiera inocuo. Pero tampoco es el monstruo que quieren
vender", asegura.
Laguna del Cisne
Denuncias terminaron con los plaguicidas
En
2016, vecinos de Laguna del Cisne (Canelones) se comunicaron con la
senadora blanca Carol Aviaga, que ha hecho bandera de los temas
medioambientales. Los vecinos decían que estaban intoxicados por
fumigación directa. Aviaga acompañó a una señora al médico y escuchó
cómo le diagnosticaba "infección respiratoria" sin preguntarle sus
antecedentes. La mujer tenía los síntomas típicos que genera la
exposición al glifosato: dificultades respiratorias, alergia, vómitos.
Ante la insistencia de la senadora, el doctor pidió la historia clínica
de la paciente y comprobó que ya había pasado por un estado similar
luego de haber estado expuesta a plaguicidas. Llamó al CIAT e hizo la
denuncia. No se le pidió ningún análisis, y la señora se volvió a su
casa. Durante 2016, la zona, que fue declarada área protegida, acumuló
denuncias de vecinos por fumigaciones que afectaban el agua de la
cuenca. La tensión derivó en que a finales de ese año la Intendencia de
Canelones decidió profundizar las medidas cautelares de protección y
prohibir los plaguicidas allí.
