sábado, 12 de julio de 2014

Por decretos de fracking y megaminería



Enrique Sayagués sostiene que Intendencias pueden definir qué hacer con su territorio

Locales | 12 Jul La defensa de la autonomía de los gobiernos departamentales para determinar el uso del suelo, y las competencias y atribuciones legales y constitucionales de las intendencias para determinar zonas o regiones donde no se desarrollen emprendimientos como la forestación, el uso del fracking o la megaminería, son algunos de los temas que trató el abogado Enrique Sayagués, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República con ediles sanduceros e integrantes de los grupos ecologistas que se oponen al uso del fracking.
Al respecto, Sayagués dijo a EL TELEGRAFO que a su juicio, “algunos gobiernos han impuesto un modelo productivo que es letal para el medio ambiente”, incluyendo las actuales explotaciones forestales y de soja y las potenciales megaminería o el uso del fracking para buscar gas o hidrocarburos que “son atropellos al medio ambiente y terminan dañando”. Sostuvo que las intendencias están facultadas a fijar normas sobre el uso del suelo, y que cuando hay coincidencia por leyes nacionales y decretos departamentales se da una situación de “competencias recurrentes”, pero de todas maneras sostuvo que “si hay normas departamentales, deben cumplirse”. Recordó además que la Ley de Ordenamiento Territorial da a las intendencias las potestades para categorizar el suelo que administran.
hay antecedentes
Puso como ejemplo “un caso de 2006, donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo definió que no se puede instalar la minería en un departamento si la Intendencia cree que a esa tierra hay que darle otro uso”, y que “la Constitución y las leyes dicen que los vecinos pueden decidir cómo es su departamento”.
En este sentido, se mostró preocupado por la situación del departamento de Colonia, donde “la estructura social y económica está vinculada a la lechería y son campos productivos”, aunque dijo que “Montes del Plata impuso que el gobierno defina que esas tierras son de aptitud forestal, lo que será un impacto en la sociedad coloniense, que le afectará a su producción si se hace forestación”, y afirmó que la forestación “llevó a que uno transita por la ruta 24 y es un desierto, se echó a la gente y ahora hay taperas”.
También se refirió al uso de agroquímicos en las plantaciones “que están afectando el agua, y ya está contaminada en todo el Uruguay por la agricultura”, sosteniendo que “sin agua no hay vida, y Uruguay perdió la calidad de sus aguas naturales y los tóxicos van a terminar matándonos”. Indicó que en el caso de la agricultura -particularmente la soja- y la megaminería “se puede ganar mucho dinero en la explotación, pero le hace mal a la sociedad en el largo plazo”.

“ECOLOGISTAS NO FANÁTICOS"
No obstante, sostuvo que “somos ecologistas pero no fanáticos, queremos otro futuro distinto”, y reconoció que “no podemos vivir sin hierro, sin el papel que sale de la forestación o sin soja, pero pedimos que se saque y se produzca en forma respetuosa con el medio ambiente, de otra manera nos va a destrozar la vida”, recordando el caso de “ovejas y vacas muertas en Río Negro por tomar agua contaminada por los agroquímicos”.
En cuanto a la minería, consideró que “Uruguay es una reserva minera, y hay muchos pedidos de prospección”, anticipando que “si se da luz verde a Aratirí (para la megaminería a cielo abierto) después se va a multiplicar con otras empresas que van a querer hacer lo mismo”. Mencionó el caso de Tacuarembó, donde la Junta Departamental prohibió la megaminería por medio del decreto 20/13 donde declara “prohibida la explotación de minería metalífera de gran porte, diamantina e hidrocarburos, en el territorio departamental” y paralelamente declara “reserva ambiental a toda la zona rural del departamento de Tacua rembó”, mientras que el decreto 21/13 prohíbe en todo el departamento la técnica de fracking. Al respecto, sostuvo que pese a la apelación que presentó un grupo de vecinos a la Cámara de Representantes, y aunque los diputados acepten la apelación derogando el decreto departamental, “cuando eso llegue a la Suprema Corte de Justicia se verá que los vecinos (por medio de los decretos) sí tienen derecho a definir qué hacer con su comarca”.
Respecto a Paysandú, Patricia Correa, del grupo “Paysandú nuestro” dijo que “no se crea que van a tirar por tierra un decreto de la Intendencia que impide el uso de la técnica de fracking”, afirmando categóricamente que “en Paysandú no va a haber fracking”.
Adelantó que la semana que viene “vamos a reunirnos con el Colegio de Abogados de Paysandú, ediles y mantendremos una entrevista con el intendente”.

El Telégrafo, 
Paysandú, Sábado 12 de Julio de 2014

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