Gracias
Luis y Eduardo por haber mencionado mi libro sobre la Democracia en el
programa de ayer 16/12, y por disponibilizarlo en los blogs de Tierra
Libre y del Muerto para quien quiera
bajarlo. Ahora les pido que en el próximo programa gasten 4 minutos
para leer íntegramente el breve e-mail que sigue abajo, pues a mi
entender vale la pena para el presente y futuro del Uruguay. Desde ya
gracias. Un abrazo y Buenas Fiestas: Sirio
Amig@s de Uruguay:Propongo que, simultáneamente, lancemos una campaña de recogida
de firmas y presionemos al Frente Amplio para que se convoque un
plebiscito de Reforma Constitucional para que: a) se pueda convocar a
Plebiscitos o Referendos de Iniciativa Popular con
el 5% de firmas del cuerpo electoral (en vez del actual
10%, que hoy corresponde a unas 272 mil firmas), y, b) que se cree esa
posibilidad a nivel de cada Departamento (para asuntos que lo atañan
especialmente).
Quizá el Frente Amplio se interese en llevar adelante esa iniciativa desde la actual
Presidencia de la República y/o desde la
necesaria mayoría parlamentaria especial, en función de la seria
posibilidad de que la oposición gane las elecciones presidenciales y
legislativas
de fines del 2019. Pero de igual forma ya
habría que lanzar la recogida de firmas. (En Suiza desde 1848 hasta 2012
hubo 565 Referendos que versaron, entre otros temas,
sobre el sistema de pensiones, el derecho a gozar de dos
semanas suplementarias de vacaciones anuales, el derecho a una renta
básica, la laicidad, derechos del trabajo y jornada laboral, impuesto
sobre la riqueza, medidas contra la especulación,
protección de los inquilinos, lucha contra el absintio, el alcoholismo y
el tabaquismo, construcción de casas populares, limitación del secreto
bancario, política de transportes públicos, limitación de la velocidad
en las carreteras y disminución del tránsito
carretero, control de precios, cuestiones de salud pública, prohibición
de las casas de juego de azar, prohibición de los transgénicos en la
agricultura, y cuestiones ambientales).
A
propósito, el Senador Larrañaga acaba de informar que logró las firmas
necesarias para un plebiscito sobre Seguridad Ciudadana. Mi propuesta
del 5% podría votarse en la misma
fecha en la que se vote este último.
Y ahora van algunas ideas iniciales sobre algunas de las propuestas
fundamentales de Larrañaga: 1) Propone quese
habiliten los allanamientos nocturnos. Creo que eso es una inaceptable
brecha para acabar con la intimidad inviolable del hogar en horario
nocturno, que hay que preservar. 2) Propone
que las penas de determinados delitos sean cumplidas en su integralidad
y que se cree la pena de Reclusión Permanente reevaluable
periódicamente. A ambas ideas contrapongo la de habilitar a todos los
detenidos que sean aprobados por una comisión de especialistas
a que trabajen (acompañados en la proximidad por su familia) en
agroindustrias estatales, creadas especialmente para tal fin, con el
propósito de producir principalmente abundante y sana alimentación (sin
agrotóxicos ni transgénicos). Creo que acabar con la
posibilidad de reducción de la pena y/o instaurar la Prisión Perpetua
(aunque sea revisable), en las actuales condiciones de cárceles
infrahumanas sólo aumentará la desesperación y criminalidad de los
detenidos. 3)
Propone crear la Guardia Nacional con efectivos de las
Fuerzas Armadas. Creo que eso abre la puerta para que el pueblo uruguayo
discuta profunda y detalladamente las siguientes cuestiones: a) la
Seguridad Ciudadana no debe comenzar por la auto-organización
de los vecinos de barrios y localidades, contando con el necesario
apoyo de las fuerzas policiales?,
b) Uruguay necesita Fuerzas Armadas? (Costa Rica las
abolió hace décadas), y, en caso positivo: con qué misiones?, con cuál
Doctrina de educación y acción?, con cuántos efectivos?, con cuáles
salarios y jubilaciones?
Aguardo vuestras críticas y sugerencias. Un abrazo: Sirio
Además se señaló que el
Instituto de Colonización pidió a la Mesa de Colonos que el tema no
llegara a conocimiento de la prensa, en caso contrario caerían las
negociaciones.
Hébert Dell’Onte Larrosa – Colonia – TodoElCampo
– El domingo pasado se llevó a cabo en la ciudad de Juan Lacaze la
sesión ampliada de la Comisión Directiva de la Mesa Nacional de Colonos.
Uno de los temas apuntados en el orden del día refirió a “desalojos
inminentes”, oportunidad en que se planeó la situación del colono Pablo
da Luz y su padre José da Luz (85 años) que poseen fecha de lanzamiento
el 17 de setiembre por una deuda de una empresa que fuera del Ing. Agr.
Federico Stanham y un socio de éste. Además se señaló que el Instituto
de Colonización pidió a la Mesa de Colonos que el tema no llegara a
conocimiento de la prensa, en caso contrario caerían las negociaciones. A
pesar de que tanto la familia Da Luz como la Mesa de Colonos ha
mantenido la situación en reserva y faltando poco más de una semana para
el lanzamiento no ha habido negociaciones al respecto. Sin
hacer mención de la persona en cuestión la Mesa planteó que
“Colonización está a punto de desalojar” a un colono y su familia”. Se
explicó que “un productor de arroz planta a medianería en un predio
(perteneciente al Instituto Nacional de) Colonización (INC), pero si el
productor no paga las bolsas de arroz a Colonización ésta va directo
contra el que planta arroz que no es el colono”. Ahora bien, el
productor “da quiebra y Colonización hoy está por desalojar al colono, y
quien dio quiebra es el presidente del Instituto Nacional de Carnes
(INAC), el Ing. Agr. Federico Stanham”. El
colono tiene fecha de desalojo el 17 de setiembre. “Es un campo muy
apetecible, 400 hectáreas todas arrozables con una represa que se la
sacan a la familia del colono y se la pasan a otro arrocero que es
brasileño” y en el contrato dice el nombre y en el ítem sobre la
nacionalidad dice “brasileño”. Desde
la Directiva de la Mesa Nacional de Colonos se señaló que al ver la
documentación se ven los contratos firmados con los nombres, y el juicio
que el INC le inicia a Stanham, y cuando éste da quiebra y se quedan
sin cobrar van contra el colono y esa es la principal causa del
desalojo. Por
otra parte se señaló que el INC pidió expresamente a la Mesa de Colonos
que no se acudiera a la prensa a exponer el tema, de lo contrario no
habría posibilidad de negociación. “En una reunión desarrollada en
Tacuarembó Colonización pidió que no diéramos palo por la prensa para
poder negociar”, se comunicó. A pesar de la prudencia manejada por la Directiva de la Mesa de Colonos TodoElCampo identificó al colono con lanzamiento tratándose de Pablo da Luz quien accedió hablar sobre el tema. Recordó
que su padre José da Luz tenía un acuerdo con el Ing. Agr. Federico
Stanham y un socio de este los que durante años no hicieron el pago
correspondiente a cuatro bolsas de arroz al Instituto, “y por esta
situación tengo el lanzamiento a mediados de diciembre, por lo que la
tierra pasaría a manos de un ciudadano brasileño que también tendría la
nacionalidad uruguaya que se instaló en la zona hace quince años y solo
hace tres o cuatro fue nombrado colono por el actual directorio”. Para
evitar el lanzamiento el señor Da Luz propuso a Colonización que le
dejen la mitad de la tierra para poder desarrollar su emprendimiento
ganadero. Precisó que “el predio total era de 413 hectáreas” pero ahora
posee un embalse que ocupa 15 hectáreas por lo que si Colonización
“acepta dejarme la mitad yo me quedaría con 199 hectáreas. Lo único que
pido es que el Instituto acepte y se me deje la mitad de la fracción de
mi padre para seguir trabajando con encierre de terneros, ganado de
cría, los cerdos”, dijo. Añadió que no tiene hijos, que vive son su señora y cuenta con el apoyo de dos sobrinos que estudian agronomía. El
predio está ubicado en la Colonia Dr. Eduardo Acevedo, fracción N° 8,
departamento de Artigas; y la tierra presenta características agrícolas
índice Coneat 140 y con algunos lugares 186. Es un campo bueno, con agua
y la represa que riego por desnivel. “Yo dependo de una decisión
política del Directorio de Colonización”, subrayó. PUESTA A PUNTO DE LA SITUACIÓN. Consultado sobre “el argumento” que da el INC para pretender su Da Luz dijo que “son las cuentas, lo que se debe”.
“Hace
cuatro o cinco años que estamos defendiéndonos con abogados ante la
Justicia porque entendemos y tenemos la documentación, que la cuanta que
el Instituto nos presenta sobre la aparcería de arroz, la aparecería
llamamos cuando se hace un contrato con un aparcero agrícola y el colono
que deben abonar cuatro bolsas por hectárea a Colonización”, dijo.
“Nosotros hicimos una primera aparecería con el Ing. Agr. Federico
Stanham y su socio y ellos dejaron de pagar al Instituto de Colonización
por siete años, siete aparcerías”. Ese
no pago “acumuló una cuenta importante y Colonización llamó a Stanham y
a su socio a negociar esas aparecerías pero no llegaron a un acuerdo
por lo que el Instituto entabló una demanda judicial a los efectos de
cobrar. El tema es que había demasiados acreedores que cobrarían antes
que Colonización y cuando el Instituto vio que no podría cobrar fue
contra mi padre”, expresó. Da
Luz consideró que si desde el INC hubieran accionado contra su padre
diciéndole que sus aparceros no están pagando, que están debiendo siete
aparecerías y que tenía que arreglar, este problema ahora no existiría.
Pero recién cuando “Colonización reconoció que la deuda era de Stanham y
su socio Pintos, y cuando vio que no podía cobrar fue cuando vino
contra mi padre”.
“A
mi padre le dijeron usted va a tener que pagar esta aparecía y con el
recibo usted entable una acción jurídica, o sea que quisieron lavarse
las manos, pero ya habían reconocido que la deuda no era de mi padre”, y
desde entonces la deuda “se comenzó a acumular y la verdad es que nunca
se definió y a esta altura no cuánto se adeuda desde 1998 o 2000
aproximadamente”, dijo Pablo da Luz.
“Colonización
tiene algunas situaciones que no perdona, una de ellas es el no pago de
la aparcería de arroz, es como un crimen no pagar, pero nosotros
entendemos que no debemos a Colonización porque tenemos la
documentación”, remarcó. LA REPRESA. Por
otra parte, otro “gran tema” que presenta la situación del campo es
“una represa que existe y que se hizo con los socios Pintos Stanham”,
detalló.
“A
mi padre se le ocurrió plantar arroz y como teníamos unos amigos
técnicos de Calnu estos hicieron el proyecto de la represa y el señor
Stanham era jefe del Departamento Agrícola de Calnu, estábamos todos
combinados, y se comenzó a realizar la obra. Nosotros no pusimos dinero
pero acordamos dejar de percibir el 50 % de la renta de la tierra
durante los primeros seis años, y así se hizo”, contó. Se
comenzó a plantar el arroz y la empresa del Ing. Agr. Stanham estuvo
ocho años. Se hizo “contrato con todas las cláusulas, y al octavo año
comenzaron a tener problemas económicos y comenzaron a retirarse pero no
sabíamos que no estaban pagando la aparecería al Instituto de
Colonización”.
“No
sabemos cómo el Instituto no reparó en eso porque el colono se dedica a
trabajar el campo, atender sus vacas y la chacra y en la oficina había
cuatro funcionarios que podrían habernos llamado y decirnos la
situación. Nunca nos avisaron de que Stanham y su socio no estaba
pagando, nos enteramos en 2008 cuando se estaban retirando”, oportunidad
en “mi padre fue intimado”. EL CONTRATO CON EL CIUDADANO BRASILEÑO. Luego
del quiebre de la empresa de Stanham y su socio aparece en escena un
ciudadano brasileño que también tendría nacionalidad uruguaya. “Esta
persona se radicó en Uruguay y mi padre sin saber que era brasileño hizo
un acuerdo con contrato para plantar arroz por dos años”, describió Da
Luz. La
idea del señor José da Luz era hacer “un contrato por dos años por
tierra, el uso del agua debía acordarlo con Stanham-Pintos, hablaron y
llegaron a un acuerdo. El ciudadano brasileño plantó por dos años y se
terminó la concesión de uso del agua”.
“Mi
padre no fue rápido en la gestión, pero sí lo fue el ciudadano
brasileño muy allegado a la regional con un ingeniero que luego fue
destituido. Fue así que presentó un proyecto a Colonización con todo el
aval de este ingeniero en cuanto a tractores, máquinas, poder económico,
etc.”. señalando como “aconsejable” para el Instituto “otorgarle la
nueva concesión a esta gente y que al señor Da Luz se le autorizara
seguir haciendo aparecería”, contó.
“ACABAMOS PERDIENDO TODO”.
“En
definitiva acabamos perdiendo todo y el 17 próximo será el lanzamiento,
nos vamos a la calle y sin nada”, dijo en forma de conclusión, sin
embargo Da Luz dijo que ha presentado a Colonización la propuesta de
entregar la mitad de la tierra a cambio de que le permitan trabajar en
la otra mitad. Para
evitar el lanzamiento “y poder seguir en el campo que es donde he
vivido toda la vida, es que yo pido la mitad del campo, déjenme la mitad
junto a mi casa para poder dedicarme a la parte ganadera y entrego la
represa con todos los canales y sistema de riego”, dijo, un proyecto que
Colonización aún no ha aceptado, finalizó. (Foto de la fachada del INC. Fotografía de Presidencia).
Colonización decidió comprar el campo de un exdirector del organismo por un precio “absolutamente fuera de mercado”
Búsqueda
Escribe Mauro Florentín
La producción de leche es un área de prioridad
Por
un precio de US$ 6.300 l a hectárea, el Instituto Nacional de
Colonización ( INC) decidió comprar un establecimiento rural de 531
hectáreas ubicado en la colonia César Mayo Gutiérrez, de la sexta
sección judicial del departamento de Río Negro, perteneciente al
exdirector de ese ente estatal, Álvaro Ferreira, y sus hermanos. La
resolución fue adoptada el 30 de mayo por el Directorio del INC e
implica el pago de US$ 3.345.967 por el predio en cuestión, según consta
en las actas de esa institución.
Ferreira
integró el directorio de ese ente en representación de las gremiales
rurales durante el primer período de gobierno del Frente Amplio, entre
2005 y 2010. En los registros del INC figura que el campo será comprado
por el Estado a los sucesores de Balter Ferreira, padre de Álvaro.
La
determinación de adquirir ese inmueble rural contó con el voto a favor
de cuatro de los cinco miembros, incluido el representante por el
Partido Nacional Rodrigo Herrero. El director que no votó por estar
ausente fue Eduardo Davyt, que es el representante de la Universidad del
Trabajo.
Un integrante de ese directorio
consultado por Búsqueda sobre esa decisión indicó que “hace un tiempo
esa familia de colonos realizó un ofrecimiento directo a Colonización
por- que ya no iban a seguir más la explotación del campo, que se trata
de tierras afectadas” a las leyes que rigen ese ente estatal. “Al ser
una fracción de una colonia, difícilmente el INC autorizaría la venta en
el mercado de campos, debido al perfil que tie- ne definido en cuanto a
priorizar el acceso de productores y trabajadores rurales” a las
tierras, señaló.
Defendió la decisión de
pagar el monto correspondiente por el campo basándose en los informes
técnicos del departamento de Avalúos en cuanto a que la tasación del
establecimiento rural estaba acorde con su infraestructura y
características. Se trata de un predio destinado a la producción de
leche.
“Si el área técnica me dice que
está alineado a lo que se puede esperar, bueno”, reaccionó otro de los
consultados. Argumentó que la idea es mantener el predio en manos de
Colonización para que sea explotado por productores que sigan en la
lechería. Una de las definiciones establecidas por las últimas
administraciones frenteamplistas fue poner énfasis en la adjudicación de
fracciones a grupos de colonos, preferentemente jóvenes, mujeres y
vinculados al tambo, la ganadería y la granja.
Búsqueda
consultó a operadores del mercado de campos sobre el valor y las
características del campo a ser adquirido por el INC. El precio promedio
de la hectárea en Río Negro fue de US$ 3.338 en 2017 y de US$ 4.047 en
2016, según registros de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del
Ministerio de Ganadería.
El padrón r ural
en cuestión tiene un índice de productividad de 116, siendo 100 el
promedio nacional, según datos del Coneat de la Dirección de Recursos
Naturales. El 40% de los suelos son del tipo 9.1, para forestación, de
uso pastoril y la vegetación es estival, 37% del campo es del tipo 10.2,
que es parcialmente agrícola con un índice de productividad de 166, y
el resto de suelos son bajos de los tipo 03.3 y 03.2, que son planicies
de inundación rápida y por cortos períodos, entre otras características.
“Hace
unos años, en el pico de precios del mercado de tierras ese tipo de
suelos llegó a valer US$ 6.000 por hectárea, pero la totalidad del
inmueble y no par- cialmente, como en este caso”, advirtió el director
de Da Silva Agroinmuebles, Sebastián da Silva. Afirmó que ese campo “hoy
vale en el eje de los US$ 4.000 la hectárea” y consideró que “el precio
a pagar está absolutamente fuera del mercado” por lo que “Colonización
está haciendo una pésima inversión”.
“Resulta curioso, por no decir sospechoso, este tipo de negocios que rompe los ojos”, dijo.
Da
Silva, que es senador del Partido Nacional, se negó a realizar juicios
de valor sobre las personas involucradas, en alusión a Ferreira, y
enfatizó que como operador del mercado de campos “hay datos objetivos” a
tener en cuenta.
“Actualmente se han
realizado transacciones de tierras con un índice de productividad de
casi 200, en zona de Fray Bentos, por precios similares ( US$ 6.000 la
hectárea). Por eso me parece que la compra es mala”, cuestionó.
Señaló
que “eso demuestra cómo en ciertas oficinas del gobierno se utiliza el
dinero del contribuyente en forma inadecuada, y ese tipo de compras (de
tierras) es equiparable a cualquiera de las inversiones realizadas por
Ancap”.
“Siempre son malas y caras”, se quejó.
Criticó que “en un contexto en el cual el INC debería estar optimizando sus recursos está haciendo todo lo contrario”.
“No existe antecedente en los últimos tres años de tierras de esa calidad que hayan sido vendidas a ese precio”, sostuvo.
Adelantó
que hará un pedido de informes en el Senado “para que se expliquen las
razones técnicas por las que se pagó un campo forestal a valores de un
campo de Dolores, Young u Ombúes de Lavalle”. Eso dijo aludiendo a las
zonas del litoral donde se ubican los suelos de mayor productividad.
La
beligerante y alineada posición del Secretario Almagro en el caso
venezolano esta haciendo que varias naciones de la región esten
considerando su relevo para dar una oportunidad a la busqueda de una
salida a la crisis venezolana que no pase por la ruta de la
confrontación regional.
Al parecer los antecedentes deTorrijostienen
convencidos a los países y a altos funcionarios del departamento de
Estado de considerar el cambio en la dirección de la organización de
Estados Americanos.
Una fuente del grupo de países que pidio no ser idetificada, reflexiono sobre el porque se piensa en el expresidenteTorrijospara el relevo.Torrijosdijo
la fuente, a probado tener la capacidad de entendimiento con distintas
ideologías y facciones logradas durante su administración como
Presidente, gracias a ello Panamá ocupo un puesto en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas producto de un consenso entre Venezuela
y Guatemala, países que aspiraban al cargo.
Torrijos,
se destacó por la capacidad de dialogo y generación de confianza con
los mandatarios del Continente. Era uno de los pocos que tenía la
capacidad de manejar relaciones con la administración Bush y a su vez,
tener relaciones fraternales con los gobiernos de Cuba y Venezuela,
recordo nuesta fuente.
El
expresidente panameño, dijo, ha participado en diferentes esfuerzos
regionales para encontrar soluciones a problemas surgidos entre
naciones, como es el caso de Haití y República Dominicana e igualmente,
en los últimos meses, ha sido parte de la gestión para encontrar caminos
de entendimiento, junto a otros expresidentes, en el tema de Venezuela.
En
la OEA se necesita a una persona que tenga esas capacidades y lleve
adelante esas iniciativas a nivel internacional. Nuestros países
necesitan de referencias de excelencia para que la política vuelva a ser
vista como la herramienta de transformación y elevación del nivel de
discusión para el buen entendimiento, finalizo diciendo.
El Directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) repudia las declaraciones públicas que incurren en agravios a funcionarios de la institución y recuerda que éstos ejecutan mandatos encomendados por la ley y respaldados por esta dirección. En consecuencia, este Directorio apoya la actuación de los funcionarios en el cumplimiento de sus labores y lamenta las ofensas publicadas en la prensa por personas referentes de organizaciones sociales que recaen en funcionarios identificados o equipos de las oficinas regionales de los distintos puestos de trabajo del ente.
Asimismo, con esta comunicación, se quiere dejar expresa constancia que es obligación de todo funcionario publico conocer y cumplir con la Constitución, las leyes y normas que regulan su actividad funcional así como cumplir las órdenes que le impartan sus superiores jerárquicos en el ámbito de su competencia. En éste sentido, los funcionarios del INC deben realizar el contralor del fiel cumplimiento de los preceptos legales por parte de los colonos y, en caso de detectar incumplimientos, informarlos y adoptar las acciones tendientes a revertirlos, para que no se transformen en problemas crónicos.
Este Directorio contempla las diversas problemáticas de los colonos, las que conoce a través de los funcionarios en el territorio, y adopta acciones para solucionarlas. Corresponde señalar, que en caso de verificarse incumplimientos a los mandatos de la ley, este Directorio ha demostrado la firme voluntad de buscar la mejor salida para las partes implicadas.
Por último, expresarles que el Directorio del INC, por respeto a los colonos que trabajan directamente la tierra y cumplen rigurosamente con las obligaciones, tanto económicas como legales, debe custodiar el cumplimiento de la ley. Es tarea de este Directorio velar por el buen uso de los recursos públicos, con el control que realizan los funcionarios en el territorio, y vigilar que las obligaciones sean cumplidas por quienes se han visto beneficiados por las políticas de tierras estatales.
Los
colonos reclaman que iba a ser otorgado a través de un llamado a
licitación y que hay muchos jóvenes esperando una oportunidad.
Una
fracción perteneciente al Instituto Nacional de Colonización (INC),
ubicada en la colonia Ros de Oger, en el departamento de Paysandú, fue
adjudicada a un ex gerente del Banco República (BROU), hoy jubilado. Los
colonos reclaman que ese terreno iba a ser otorgado a través de un
llamado a licitación.
“Hay
un montón de hijos de colonos y de asalariados rurales que están
esperando la oportunidad de iniciarse como productores”, dijo a ECOS
Noel Fernández, integrante de la Mesa Nacional de Colonos y de la
Comisión Fomento de Guaviyú. “Parece que hay dos tipos de colonos, no se
mide con la misma vara”.
El
ex funcionario bancario hace muchos años que es colono. Según explicó
Fernández, lo que hizo ahora el instituto fue otorgarle una ampliación
de área y le cambiaron la fracción que tenía anteriormente de 150
hectáreas por una de 370. La misma iba a ser entregada a través de un
llamado pero finalmente el INC decidió dársela a esta persona.
“Esto
es contradictorio porque por un lado están sacando a colonos por el
recambio generacional y por el otro le entregan un terreno a esta
persona mayor”, expresó Fernández. Según los reglamentos del instituto, a
las personas de 70 años se les puede rescindir el contrato para que
ocupen esas tierras otras más jóvenes.
“No
es nada en contra de esta persona, sino que es contra el directorio del
instituto que está haciendo cosas que están mal y rompen los ojos”,
indicó el productor.
Fernández
contó que la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, lo llamó por
teléfono para conversar sobre la situación y aclararle algunos puntos.
“Esperaba
que me llamara para coordinar un encuentro con los colonos pero no fue
así”. Gómez le mencionó una propuesta para encontrar una solución que
Fernández decidió mantener en la reserva. “Espero que cumpla porque ya
hemos vivido muchas situaciones en las que el instituto ha prometido y
no ha cumplido”.
El instituto produce en campos de colonización
“Además
de ser un ente público son productores”, dijo Fernández. Según él, la
presidenta Gómez le confirmó en dos oportunidades que en un campo de la
misma colonia, el INC está haciendo agricultura para beneficio propio.
“Están
utilizando los terrenos en provecho de ellos mismos. Siendo que hay
tanta gente esperando una oportunidad”, dijo el productor.
Terrenos vendidos a UPM
Fernández
también mencionó que un terreno que antes pertenecía a la colonia,
ahora es propiedad de UPM Forestal Oriental. La zona está llena de
carteles de la empresa productora de pasta de celulosa.
“Allí
habían plantaciones de eucaliptus, pino y fresno. No sabíamos para qué
estaba siendo utilizado”, indicó. Al poco tiempo notaron que había
pasado a pertenecer a la empresa finlandesa.
El
hecho sucedió en el año 2012 y los colonos lo vienen denunciado. “Con
esto están violando la ley del instituto que dice bien claro que las
tierras no se pueden vender ni a extranjeros ni a empresas
multinacionales”.
Terreno del senador Álvaro Delgado
La
semana pasada, el INC decidió retirarle los campos que tiene el senador
nacionalista Álvaro Delgado dentro de la colonia Ros de Oger. Delgado
indicó que acudirá a la justicia para aclarar el problema.
“Esto
lo tendrían que haber hecho hace cuatro o cinco años”, expresó
Fernández. “Hace mucho tiempo que es legislador y tiene un buen ingreso
económico”.
Según
el productor, el instituto lo único que ha hecho hasta el momento es
rescindirle el contrato. “Esto va a demorar como cinco años”.
Considera
que hay una diferenciación entre los colonos. “Conozco gente a la que
han sacado mucho más rápido de sus tierras”, indicó. “No miden con la
misma vara"
Según el sociólogo Martin Endreß, los comunistas tergiversaron la obra
de Karl Marx interpretándola de acuerdo con sus convicciones. Partes de
los textos de Marx, asegura, siguen siendo sumamente actuales.
DW: Sr. Endreß, la Unión Soviética dejó de existir hace unos
30 años. Los líderes soviéticos siempre se remitieron a Karl Marx.
¿Acertadamente?
Martin Endreß: Desde el fin de la Guerra
Fría, el análisis de esta obra ya no está influenciado por la
competencia de dos sistemas opuestos. Esto no significa que ya no esté
sujeta a la politización, pero por lo menos se pueden evitar los
prejuicios unidimensionales sobre la obra de Marx, que se remontan sobre
todo a las interpretaciones del marxismo, leninismo y estalinismo, así
como del maoísmo. Opinión: Marx fue reducido a un artículo de consumo ¿Es decir que su obra se malinterpretó por completo?
Hay
que tener en cuenta que, mientras Marx vivió, solo se publicó una parte
relativamente pequeña de su obra y que esta siempre ha sido objeto de
un análisis selectivo. Hoy día sabemos que Friedrich Engels reformuló
una parte considerable de los textos. Pero sobre todo fue la primera
generación -desde Karl Katsky hasta Rosa Luxemburg y Lenin- la que
construyó lo que más tarde se conocería como marxismo, remitiéndose a
Marx y provocando una tergiversación sistémica. "El Capital", un libro que quiso cambiar el mundo ¿La obra de Karl Marx aún se presta para analizar el presente?
El sociólogo Martin Endreß.
Sigue
habiendo dos aspectos sumamente actuales. Por un lado, la obra de Marx
analiza las relaciones de desigualdad social, independientemente de si
se usa el concepto de "clase" o no. De forma especial Marx llamó la
atención sobre la repartición desigual de oportunidades y condiciones de
vida. Por otro, en la actualidad vemos formas muy específicas de
economización de nuestras relaciones sociales, una cierta dinámica del
capitalismo que, al igual que en tiempos de Marx, tiene un impacto
profundo sobre todos los aspectos de la vida.
Sobre todo en su
entorno directo, en Inglaterra, Marx observó cambios sociales a un ritmo
extraordinario. El orden social basado en la vida urbana tranquila, los
privilegios de nacimiento y relaciones familiares claramente definidas
empezó a derrumbarse. Sus contemporáneos fueron confrontados con una
realidad que hizo tambalear sus vidas. Probablemente el
Manifiesto Comunista también se puede leer como una especie de
testimonio de la globalización. Describe el desarrollo de la tecnología,
como las redes ferroviarias y marítimas que se expanden cada vez más.
Sí,
pero Marx estaba muy consciente de las limitaciones de su análisis. En
cartas dirigidas a activistas rusos hizo hincapié en que su análisis se
refiere a la Europa occidental. Sabía de la complejidad del mundo y de
lo limitada que era su experiencia. Presentan en Alemania festejos por bicentenario de Karl Marx Aún así uno tiene la impresión de que muy temprano observó un desarrollo que hoy día persiste.
El
trabajo infantil, que Marx criticó tanto y que quería abolir, sigue
existiendo hoy día, por ejemplo, en empresas del sector textil en Asia.
Vemos un desplazamiento que Marx analizó detalladamente con respecto a
Europa. La producción de bajo costo es externalizada. Con el tiempo se
desarrollan centros de producción de mayor calidad, como está pasando
ahora en China, y con ello también aumentan los salarios. Y entonces, la
producción de bajo costo es llevada a regiones aún más pobres. Por ello
es válido preguntarse si aquello que Marx analizó en su época para
Europa no tiene también aspectos universales, es decir una perspectiva
de relevancia internacional. Martin Endreß es sociólogo en la
Universidad de Trier, especializado en teoría sociológica, teoría de la
sociedad, sociología de la confianza e investigación de resiliencia. Es
coorganizador del Congreso Kark Marx en la Universidad de Trier, que se
llevará a cabo del 23 al 25 de mayo de 2018.
Kersten Knipp (VT/ERS)
(Por Daniel Hardy Coll).- El pasado jueves 18 tuvo lugar en la ciudad
de Mercedes la primera audiencia penal de reconciliación entre la
maestra rural que fuera afectada por la fumigación de un campo de soja
lindero a la escuela donde trabajaba, y los responsables del campo. Las
fumigaciones tuvieron lugar en reiteradas ocasiones entre 2010 y 2013,
alrededor de la escuela rural 26 de Soriano, en El Tala, próxima a la
localidad de Palmar, donde la maestra Nancy Martínez era directora. La
denuncia está dirigida al dueño del campo, al responsable de la empresa
aplicadora, (de la ciudad de Dolores), y al operador de la máquina
fumigadora (mosquito).
La jueza letrada, Dra. Francisca Isabel Suárez Sacco intentó una
conciliación económica entre las partes, a lo que los demandados se
rehusaron argumentando “excepción previa de prescripción”. Los abogados
de los demandados son el Dr. Gonzalo Imas y los Dres. Jorge y Luis
Abramo.
A la maestra Nancy la representa el Dr. Luis Daniel Sotto Odella, abogado del movimiento ambientalista “Cazadores de mosquitos”.
La Dra. Suárez Sacco afirmó en los 15 minutos que duró la audiencia que
recién había tomando contacto con el expediente y que necesitaba
estudiarlo para saber qué pasará de ahora en más, fijando una nueva
audiencia para el mes de mayo próximo.
Todos estuvieron presentes, nadie faltó, y eso alcanza a la familia de
la maestra, al esposo y sus dos hijas, por el daño proyectado.
La historia de la maestra Nancy (50) fue publicada en nuestras páginas
en mayo de 2017, cuando recomenzó su lucha judicial. Como consecuencia
de la intoxicación por agroquímicos, ella nunca más pudo regresar a
trabajar y su trajinar por médicos, juntas médicas, empezó y sigue… tal
cual un calvario.
La denuncia original con testigos, que incluye al mismo policía de la
zona, nunca había llegado a ningún lugar en todos estos años. Cuando la
maestra vio que pasaba el tiempo y no ocurría nada y su salud se
deterioraba empezó a indagar, hasta que unió la cadena rota y apareció 4
años después su denuncia guardada todo este tiempo en el escritorio de
una oficina del Estado.
Entrevista con Francisca “Pancha” Rodríguez, referente del
movimiento de mujeres rurales e indígenas de Chile, en el Día
Internacional de la Lucha Campesina
“Nuestro homenaje será para los que
cayeron ayer y para quienes resisten hoy”, dijo a RMR la integrante de
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía
Campesina. Recuperar la identidad de clase y campesina, resistir los
TLC, dar lugar a las nuevas generaciones en los movimientos, son parte
de sus reivindicaciones actuales.
En plena preparación de la “mística” para
realizar este 17 de abril, durante la asamblea de mujeres campesinas
productoras agrícolas chilenas, Francisca dijo que será “un día de
reflexión política y de insurgencia” en un contexto en que las
organizaciones campesinas e indígenas necesitan “recuperar la conciencia
de su identidad de clase” contra la competencia y la falta de
solidaridad que fomenta el emprendedurismo en el sistema capitalista.
La histórica referente e integrante de la Asociación Nacional de
Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI) y de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) – Vía Campesina, se
refirió a la situación en Brasil y el ejemplo de lucha que dan el
Movimiento Sin Tierra (MST) y la CLOC-VC de ese país.
En diálogo con Radio Mundo Real, dijo que hay que estar alerta por la
ofensiva que hay hoy contra los movimientos sociales en Brasil y señalo
que, si bien “Lula es el personaje, la conciencia y la razón del pueblo
es defender la identidad de clase que acompaña resistencias como lo
hace el MST que, desde su constitución, nos ha mostrado un camino: el de
poner contenido a las luchas, como también lo ha hecho la CLOC- Via
Campesina en Brasil. No es la recuperación de las tierras por la
recuperación en sí misma: esta lucha está inserta en una más grande que
es defender uno de los derechos vitales que es la alimentación”.
Además, exhortó a no olvidar las peleas que están dando los
movimientos sociales, campesinos e indígenas también en el proceso de
paz en Colombia y la ofensiva vigente contra el gobierno de Nicolás
Maduro en Venezuela. Rodríguez se manifestó contra los tratados de libre
comercio (TLC) en Chile, como el que ese país espera trazar con Uruguay
-del que advirtió la necesidad de resistir, especialmente, a la
incorporación “siniestra” de un capítulo dedicado a Mujeres y Comercio-. Pancha también se refirió a la situación en su país, luego de
que Sebastián Piñera volviera este año a presidir Chile tras ser electo
en 2017: “Este gobierno de derecha apunta a terminar con la agricultura
campesina. Los programas productivos que tiene para agricultura
familiar campesina e indígena implican la entrega de paquetes
tecnológicos que matan la agricultura, van terminando con nuestras
semillas y, lo peor de todo, acaban con nuestra conciencia, lo que tiene
graves costos para nuestra soberanía alimentaria”.
En Chile hay alrededor de 260.000 productores campesinos
contabilizados por el gobierno, que Pancha calificó como “clientes de
programas del gobierno (antes fueron “beneficiarios, luego “usuarios”),
que obtienen créditos y subsidios en función de sistemas productivos y
cultivos que se quieren introducir y afianzar de acuerdo a la demanda de
un mercado que no es el mercado popular”.
Por eso consideró que el Día Internacional de la Lucha Campesina es
“una reafirmación de cómo nosotros resistimos y luchamos contra lo que
son las políticas agrícolas, la invasión a nuestros territorios, lo que
pasa con recursos naturales como la tierra y el agua, así como de
nuestra soberanía ante una pérdida de identidad tan grande que sufren
nuestras comunidades”.
“No nos podemos quedar solo en homenajes a los compañeros que dieron
la vida. Nuestra propuesta es una producción sana, dejando el uso de
agrotóxicos, estimular una agroecología no institucionalizada, que no
produzca solo para un segmento de la población, para una élite que tiene
el placer de degustar lo que nosotros producimos. Los ricos están
comiendo la comida que los pobres comían ayer, entonces: ¿qué están
comiendo los pobres? Mucha de la producción que estña produciendo hoy la
gente nuestra se va al mercado, no se queda ni llega a nuestros
hogares, y terminamos comiendo lo que las grandes empresas quieren, que
es comida que nos enferma”, reclamó Rodríguez.
Desde ANAMURI y la CLOC-VC la propuesta es feminista, campesina y
popular: “Si nosotras no damos esta batalla, nuestros compañeros
terminan sucumbiendo ante políticas patriarcales y neoliberales.
Entonces nuestro trabajo se duplica. La diferencia es que hoy vamos
tomando conciencia de defender nuestra propia vida y nuestra propia
existencia como campesinas y campesinos”.
El debate sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana se instaló en Uruguay, donde aún no se hacen análisis clínicos ni estudios epidemiológicos. La academia acusa a las autoridades, las autoridades se reclaman entre sí, y las denuncias de los vecinos se disparan.
Seguramente
no suceda con la manzana, la papa, la cebolla o el durazno. Pero tal
vez sí ocurra con el perejil, el tomate, la chaucha, el repollo, la
rúcula o la albahaca: en Uruguay, para muchos de los cultivos "menores"
no hay plaguicidas específicos registrados porque las empresas que los
comercializan no han tenido interés en hacerlo. Como consecuencia, los
productores no tienen otra que aplicar plaguicidas avalados para otros
cultivos. Estiman dosis y tiempos de espera a su criterio. Si la plaga
cede, siguen adelante. Si no tienen resultados, prueban alternativas. La
huella de esta experimentación queda en las frutas y verduras que
comemos. Es invisible, sí, ¿pero qué daño nos genera?
La
voz de alarma la dio el ingeniero agrónomo Pedro Mondino, docente e
investigador en el Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de
Agronomía, durante un foro que se realizó el viernes 14 entre
académicos y autoridades. La actividad se llamó "Impactos y análisis
de plaguicidas en humanos en Uruguay" y tuvo lugar en el Palacio
Legislativo.
Allí
Mondino habló de un "uso ilegal" de productos no autorizados. Dijo que
el hecho de que haya residuos de agroquímicos en lo que comemos, o no,
"es una mera casualidad". Y para este informe, agregó: "Es un uso
temerario, a ciegas", pero no por "maldad", sino más bien porque los
productores no ven otra "salida".
Mondino
puso la bomba pero no escuchó el estallido, porque en el foro, que
desarrolló el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ junto a la
senadora blanca Carol Aviaga, no hubo representantes del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). De la Dirección General de
Servicios Agrícolas (DGSA), que se ocupa entre otras cosas del registro y
control de agroquímicos, mandaron una carta excusándose de la
ausencia por motivos de agenda y saludando la actividad.
Con
el paso de los días comenzaron los ecos. "Sí, es así", dijo el también
ingeniero agrónomo Pablo Pacheco, especialista en calidad de frutas y
hortalizas del Mercado Modelo. La "característica burocrática del
registro", que depende de iniciativas comerciales, se traduce en
los hechos en "falta de información" para los productores e
"incumplimiento de la normativa". Sin embargo, lo que le preocupa a
Pacheco es que los residuos de plaguicidas estén en el espectro de lo
aceptado por el Codex Alimentario. "Si la inocuidad no se altera, no me
importa. No es problema mío", planteó Pacheco.
Desde
Roma, donde participa de una actividad de la FAO, el ingeniero Federico
Montes, titular de la DGSA, rechazó que su ausencia se pueda entender
como un acto de "negligencia o desinterés". "Por el contrario,
reafirmamos nuestro compromiso con políticas de intensificación
sostenible que arrancan en los cuidados de la salud y el medio
ambiente", escribió.
Montes
también reconoció el problema que destapó Mondino: "Es cierto que los
productores de los llamados cultivos menores necesitan contar con
agroquímicos registrados para su uso. Según el decreto 149/977, dichos
registros solo los pueden hacer empresas o personas jurídicas. Quiere
decir que no es el MGAP el responsable de registrar productos para
determinados usos. Insisto. Son las empresas las que deben presentar la
solicitud".
El
jerarca mencionó que puede haber situaciones similares en otros rubros,
como el de un grupo de consumidores que quiere contar en el mercado con
un champú para controlar la caspa y no lo consigue porque no está
registrado. "En ese caso, ¿es obligación del Ministerio de Salud (MSP)
registrar el champú anticaspa, con tal o cual marca comercial, sin que
las empresas propietarias de la marca estén de acuerdo?", se preguntó.
Es
cierto: este mismo problema se da con algunos medicamentos que son clave
para ciertas enfermedades, pero los laboratorios no muestran interés en
el mercado uruguayo. Amparado en decretos regulatorios, el MSP ha
tomado la misma postura que el MGAP. Sin embargo, en más de una
oportunidad la Justicia ha obligado a las autoridades sanitarias a tomar
una actitud proactiva para conseguir los medicamentos a como dé lugar.
"No
es un tema fácil", concede Mondino, el disparador de la polémica. "Uno
no puede obligar a las empresas a vender algo que no les resulta
productivo". De todas formas, cree que "habría que pensar en algún
sistema de registro diferente o hacer habilitaciones parciales para
ciertos cultivos o frente a determinada plaga".
Controles y reclamos entre salud y ganadería
Los
plaguicidas y sus efectos (en su mayoría inciertos) para la población
dividen aguas incluso entre integrantes del gobierno. Carmen Ciganda,
directora de Salud Ambiental y Ocupacional de Salud Pública, reclamó
públicamente ser parte en el proceso de aprobación de los agroquímicos.
Pero desde el MGAP, el titular de la Dirección General de Servicios
Agrícolas (DGSA), Federico Montes, respondió que la solicitud nunca fue
formal y dijo a El País: "El MGAP basa su trabajo en el marco legal
vigente, que establece que el registro y la autorización de venta de los
productos fitosanitarios de uso agrícola se gestionarán ante la DGSA".
El registro de un agroquímico pasa por etapas de evaluación química,
toxicológica y agronómica. La división cuenta con 10 funcionarios para
controlar a productores, aplicadores y empresas vendedoras de
agroquímicos.
Ansiados datos.
Entonces,
aquella huella invisible que tan difícil resulta borrar, ¿nos está
dañando o no? Sobre esto, desde la academia también tiran dardos hacia
los organismos involucrados.
"En
cuanto a alimentos, Bromatología de la Intendencia de Montevideo toma
muestras en el Mercado Modelo pero sus resultados no son públicos ni
claros. Nosotros pedimos información y nos dieron un informe que era
una vergüenza. Una fotocopia en blanco y negro en la que no se
especificaba de qué verdura se hacía la muestra. Por uno o dos años,
además, no había registro de datos", aseguró para este informe Pablo
Galeano, docente de la Facultad de Química y miembro del Núcleo
Interdisciplinario Colectivo TÁ. "Mientras no haya monitoreos serios y
sistematizados, vamos a estar en la chiquita", agregó.
Galeano
sabe que "la industria dice que la presencia de residuos de plaguicidas
está dentro de lo permitido por el Codex". Pero estos parámetros,
establecidos por la FAO y la OMS y adoptados por el MSP, no son los
únicos, y las reglamentaciones de la Unión Europea, por ejemplo, manejan
otros valores.
Pablo
Pacheco, del Mercado Modelo, no suele hablar con los medios sobre este
asunto por los "prejuicios" que hay. Sin embargo, esta vez quiere
resaltar que el peligro que corren quienes se exponen directamente a
los plaguicidas es "mucho mayor" que el que enfrentan quienes consumen
un alimento con el residuo de un producto que fue diluido en agua y que
sufrió efectos ambientales varios —lluvia, Sol— que degradaron su
molécula.
"No
es que esté todo bien", aclara, y "por eso hay límites establecidos". En
ese sentido, procuró transmitir tranquilidad: "En los últimos 386
análisis, realizados en 2017, hubo una sola muestra no reglamentaria".
Otros años ha habido peores resultados. En esos casos, el protocolo
indica que hay que visitar la chacra e identificar la raíz del problema.
Y si hay una segunda muestra negativa, se comunica a la DGSA para que
aplique una sanción.
El
Mercado Modelo hace su análisis, las cadenas de supermercados también, y
a su vez Bromatología toma muestras en puntos de venta minoristas. Los
análisis son muy caros —en el mercado van de los 250 a los 600 dólares—,
pero en el laboratorio de Bromatología el Mercado Modelo los hace al
costo. Allí es donde tienen la mejor capacidad de respuesta a la
demanda. Sin embargo, ahora hace seis semanas que no se analizan
muestras porque los equipos están en mantenimiento.
Pacheco
contó que la toma de muestras se hace por iniciativa del Mercado Modelo
desde 2004 (con algunos períodos de interrupciones). En aquel momento
"no había mucha institucionalidad ni información sobre el tema, y se
quiso empezar a generarla". Antes había un "absoluto desconocimiento" y
reinaba la percepción de que era "una cancha libre, sin juez": qué
producto usar, en qué dosis, todo quedaba sujeto a la responsabilidad
individual. A su juicio, se ha evolucionado mucho en cuanto al control y
las buenas prácticas agrícolas, y la cantidad y el tipo de productos
que se usan en frutas y verduras conllevan una seguridad mucho
mayor que 20 o 30 años atrás.
El
proceso que describe Pacheco coincide con otro que viene haciendo la
DGSA. A nivel mundial existen unos 900 principios activos registrados,
dice Montes, pero Uruguay cuenta con 300. "Y como estamos ocupados en
promover sistemas de producción sostenibles con la salud y el ambiente,
en diciembre de 2016 eliminamos del registro al 75% de los principios
altamente tóxicos para el ser humano. Hoy quedan principalmente los que
se usan para tratamientos de desinfección requeridos por protocolos
internacionales", aseguró.
Mientras
tanto, las denuncias por presunto uso indebido de agroquímicos en la
DGSA vienen en aumento sostenido desde 2011, con excepción de 2016
cuando se registró una baja. En 2017, año récord en cantidad de
denuncias, hubo 166. Y en los primeros dos meses de 2018 se
recibieron 23. Montes aclaró que solo el 10% de las denuncias se
confirman.
Ansiados estudios.
Carol
Aviaga no tiene formación en temas ambientales, pero recibió la misión
explícita de Luis Lacalle Pou de "preocuparse y ocuparse" del asunto. Y
así lo ha hecho. En los tres años que lleva como senadora presentó tres
proyectos de ley: uno para prohibir el uso de herbicidas como
controladores de maleza, otro para regular las fumigaciones aéreas y
ampliar las zonas prohibidas, y un tercero sobre el etiquetado de
alimentos transgénicos, para conocer el "paquete tecnológico" (inclusive
el plaguicida) con el que se produjo. Los tres proyectos llevan meses
o años encajonados en la comisión de Medio Ambiente.
Jornada “Impactos y análisis de plaguicidas en humanos”. Foto: Parlamento
Ahora
Aviaga tiene en proceso una ley nacional de plaguicidas —también el
gobierno se propuso hacer una— y planea presentar también "un proyecto
de agroecología como visión país". "Voy a seguir en la lucha", anuncia,
determinada.
Su
derrotero no ha sido fácil, porque además de que el oficialismo la
ignora, los colectivos como el TÁ, heterogéneos pero con fuerte arraigo
en el oficialismo, le han sido resistentes. Ella asegura que siempre
intentó convalidar sus proyectos con ellos para que no se los
"bombearan".
Una
de sus batallas es contra el MSP para que incorpore análisis de
glifosato en fluidos. En 2016 se reunió con Jorge Basso para
planteárselo. Según ella, en Argentina y Brasil son baratos y de rutina.
Al tiempo volvió a insistir con Basso, que le terminó admitiendo que no
era prioritario en el presupuesto. Paso seguido, juntó 1.500 firmas y
le presentó el pedido al presidente Tabaré Vázquez. Nunca le contestó.
"Lo
que queremos es saber dónde estamos parados desde el punto de vista
epidemiológico; conocer el impacto del uso masivo de plaguicidas en la
salud humana, tanto de los que están expuestos directa como
indirectamente; y estimular alternativas productivas, de las que hay
experiencias acá y en otros países, y planificar etapas de transición",
resume.
Amalia
Laborde, directora del Centro de Información y Asesoramiento
Toxicológico (CIAT), expuso en el foro que el centro recibe unas 300
denuncias por año vinculadas a cuadros de intoxicación por agroquímicos.
En la mayoría de los casos (83%) se desarrollan cuadros leves, el 9%
presenta una gravedad moderada y el 6%, severa, de acuerdo a un
relevamiento que si bien toma datos entre 2002 y 2011, conserva vigencia
según ella. El 2% de los intoxicados por plaguicidas tuvo desenlace
fatal, pero en todos estos casos se comprobó intención suicida con el
producto.
La
especialista añadió que la mayoría de las intoxicaciones se producen por
accidentes o manipulación indebida en el ámbito laboral, por lo que sus
víctimas son los funcionarios que aplican los plaguicidas. Por
"contaminación ambiental", el CIAT ha recibido poco más 70 casos en 10
años y solo dos presentaban gravedad moderada o severa. Laborde cree
que puede haber subdiagnóstico porque la población no tiene muy claro a
dónde recurrir o los médicos omiten reportar los casos a CIAT.
Los
estudios en busca de efectos a largo plazo de la exposición a
plaguicidas en la salud humana son un debe en Uruguay, pero no en la
región. En el foro, el investigador argentino Damián Verzeñassi, de la
Universidad Nacional de Rosario, presentó los resultados de un estudio
de largo aliento en el que comprobó la relación directa entre la
exposición continuada a plaguicidas y enfermedades crónicas como
cáncer, hipertensión e hipotiroidismo. El dato más llamativo refiere a
lo oncológico: mientras en el total de la población argentina la
incidencia del cáncer es de 217 cada 100.000 habitantes, en una muestra
de 27 localidades estrechamente vinculadas a la producción de soja y
otros cultivos que implican uso extensivo de agroquímicos, la tasa trepa
a 397 cada 100.000 habitantes.
Tras
la jornada, los técnicos uruguayos y extranjeros acordaron seguir en
contacto. Dicen que es una alianza, no una guerra, aunque algo está
claro: el tema de los plaguicidas irrita, y mucho.
El dilema en cuatro casos
Lago Merín
Denuncias, temor e incertidumbre
Fernanda
iba en moto por Ruta 18 de Lago Merín a Río Branco (Cerro Largo). Una
avioneta fumigaba un cultivo de arroz lindero. Era el 12 de diciembre
pasado cuando el piloto hizo una mala maniobra; tenía el dispensador
abierto y roció a Fernanda con herbicida. A pesar del casco, la mujer
sintió tos y mareos. Paró y comenzó a vomitar. "Hasta ahora tengo
dolores de cabeza y ardor en el esófago", asegura. El 15 de febrero hubo
otra fumigación cerca del balneario. Beatriz Martínez repartía la
correspondencia y vio la avioneta o más bien la sintió: "Había un olor a
zorrillo espantoso", recuerda. Algunos vecinos hicieron la denuncia y
el MGAP determinó que la fumigación se hizo respetando las normas.
Disconformes, los lugareños recurrieron a la bióloga Graciela Piñeiro,
quien tomó muestras y testimonios y presentó denuncia a la Dinama.
Fernanda estuvo 10 horas en observación. Su caso fue denunciado al CIAT
pero no hubo seguimiento. "No me hicieron más estudios". La mujer, de 50
años, tiene temor. "Dicen que lo que me pasó es grave, que me puede
venir un cáncer".
Guichón
Un pueblo pionero contra "los mosquitos"
El
grupo "Vecinos de Guichón por los bienes naturales" denuncia desde 2011
el uso inapropiado de plaguicidas. La ciudad sanducera está rodeada de
cultivos de soja y forestación. "Se hacían fumigaciones aéreas sin
respeto por las distancias", asegura Marcelo Fagúndez, uno de sus
referentes y exedil de Paysandú. El colectivo recopila casos no solo de
la localidad, sino de otras zonas. En los últimos cuatro años presentó
14 denuncias. La última refiere a la escuela 34 de Zanja Honda (San
José), que tiene un cultivo de soja transgénica (por lo tanto fumigada) a
20 metros, cuando debería estar a 500. "Tuvimos respuestas de algunos
organismos, pero con otros es imposible", dice Fagúndez, y carga contra
la Dirección General de Servicios Agrícolas, organismo del MGAP
encargado de fiscalizar el uso de plaguicidas. "Nos hacen ir a
Montevideo (400 kilómetros ida y vuelta) a firmar las denuncias. Hemos
intentado hablar con el director (Federico Montes) y es más fácil
comunicarse con el Papa. Nunca tuvimos suerte. Otros funcionarios nos
han destratado", dice.
Paso Picón
El hombre que se frotó glifosato (y vive)
Máximo
Castilla, médico y productor, estuvo en el centro de la polémica tras
haber sido denunciado por vecinos en Paso Picón (Canelones) por uso
indebido de plaguicidas en sus cultivos de soja. A tres años de las
primeras multas, hoy Castilla ha modificado su producción. En 140 de sus
510 hectáreas no puede fumigar para respetar las distancias
reglamentarias con el centro poblado. "Perdí el 30% de mi capacidad
productiva. En esa zona sembré sorgo, pero sin plaguicida es imposible",
dice e insiste en que fue víctima de una campaña. El caso sigue en la
Justicia, donde Castilla reclama que le levanten multas millonarias del
MSP y la intendencia. En 2016, una foto de Fernando Ponzetto (El País)
le puso rostro al problema: Castilla se frotó glifosato (el herbicida
más usado) en manos y cara. "Hice una demostración. La gente de la
ciudad ve el glifosato como si fuera bomba atómica. Nosotros convivimos
con él. Es de venta libre, se compra como la lavandina. No digo que sea
saludable, ni siquiera inocuo. Pero tampoco es el monstruo que quieren
vender", asegura.
Laguna del Cisne
Denuncias terminaron con los plaguicidas
En
2016, vecinos de Laguna del Cisne (Canelones) se comunicaron con la
senadora blanca Carol Aviaga, que ha hecho bandera de los temas
medioambientales. Los vecinos decían que estaban intoxicados por
fumigación directa. Aviaga acompañó a una señora al médico y escuchó
cómo le diagnosticaba "infección respiratoria" sin preguntarle sus
antecedentes. La mujer tenía los síntomas típicos que genera la
exposición al glifosato: dificultades respiratorias, alergia, vómitos.
Ante la insistencia de la senadora, el doctor pidió la historia clínica
de la paciente y comprobó que ya había pasado por un estado similar
luego de haber estado expuesta a plaguicidas. Llamó al CIAT e hizo la
denuncia. No se le pidió ningún análisis, y la señora se volvió a su
casa. Durante 2016, la zona, que fue declarada área protegida, acumuló
denuncias de vecinos por fumigaciones que afectaban el agua de la
cuenca. La tensión derivó en que a finales de ese año la Intendencia de
Canelones decidió profundizar las medidas cautelares de protección y
prohibir los plaguicidas allí.
